Resolución núm. 3, publicada el 23 de Junio de 2020. FIJA NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO DE DEFENSA PENAL; Y ESTABLECE LO QUE INDICA
| Publicado en | Diario Oficial |
| Emisor | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
| Rango de Ley | Resolución |
FIJA NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL SERVICIO DE DEFENSA PENAL; Y ESTABLECE LO QUE INDICA
Núm. 3.- Santiago, 5 de marzo de 2020.
Por resolución Nº 3, de fecha 5 de marzo de 2020, y con toma de razón el día 17 de marzo del mismo año, la Defensoría Penal Pública ha fijado el Nuevo Texto Refundido de las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos para la Licitación Pública del Servicio de Defensa Penal, y estableciendo lo que indica:
Vistos:
El DFL Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo dispuesto en la ley Nº 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública; el Reglamento sobre Licitaciones y Prestación de Defensa Penal Pública, aprobado por DS Nº 495, de 2002, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; la ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la ley Nº 19.886, de bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento; el decreto supremo Nº 14, de 2015, del Ministerio de Justicia, que nombra al suscrito como Defensor Nacional; el decreto supremo Nº 1.085, de fecha 12 de diciembre de 2017, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que renueva nombramiento del suscrito en el cargo de Defensor Nacional a contar del 24 de diciembre de 2017; las resoluciones N°s. 7 y 8, de 2019, de Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
Considerando:
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Que, la ley Nº19.718, creó la Defensoría Penal Pública, estableciéndole como finalidad esencial la de satisfacer los requerimientos de defensa penal en el sistema de enjuiciamiento criminal, asegurando la prestación de los servicios de defensa penal pública a los imputados que carezcan de abogados, por cualquier razón, en crímenes, simples delitos y faltas que sean de la competencia de Juzgados de Garantía, de un Tribunal Oral en lo Penal o de las Cortes respectivas.
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Que, desde el punto de vista normativo, la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 3, asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, estableciendo que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. Indica, además, que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos. A su vez, los artículos 7 y 8 del Código Procesal Penal (CPP) señalan básicamente que, desde la primera actuación del...
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