Ley núm. 17729, publicada el 26 de Septiembre de 1972. ESTABLECE NORMAS SOBRE INDIGENAS Y TIERRAS DE INDIGENAS. TRANSFORMA LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS EN INSTITUTO DE DESARROLLO INDIGENA. ESTABLECE DISPOSICIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE DESARROLLO EDUCACIONAL EN LA MATERIA Y MODIFICA O DEROGA LOS TEXTOS LEGALES QUE SEÑALA - MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 471408922

Ley núm. 17729, publicada el 26 de Septiembre de 1972. ESTABLECE NORMAS SOBRE INDIGENAS Y TIERRAS DE INDIGENAS. TRANSFORMA LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS EN INSTITUTO DE DESARROLLO INDIGENA. ESTABLECE DISPOSICIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE DESARROLLO EDUCACIONAL EN LA MATERIA Y MODIFICA O DEROGA LOS TEXTOS LEGALES QUE SEÑALA

Publicado en:Diario Oficial
Emisor:MINISTERIO DE AGRICULTURA
Rango de Ley:Ley
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

LEY NUM. 17.729

D E R O G A D A.-

ESTABLECE NORMAS SOBRE INDIGENAS Y TIERRAS DE

INDIGENAS. TRANSFORMA LA DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS

EN INSTITUTO DE DESARROLLO INDIGENA. ESTABLECE

DISPOSICIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE DESARROLLO EDUCACIONAL EN LA MATERIA Y MODIFICA O DEROGA

LOS TEXTOS LEGALES QUE SEÑALA

(Publicada en el "Diario Oficial" N° 28.362, de 26 de septiembre de 1972)

Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

TITULO PRIMERO Artículos 1 a 33

DE LOS INDIGENAS Y DE LAS TIERRAS INDIGENAS

Párrafo Primero Artículos 1 a 13

De las definiciones y de la disposición de las tierras indígenas.

Artículo 1

Se tendrá por indígena, para todos los efectos legales, a la persona que se encuentre en algunos de los siguientes casos:

  1. - Que invoque un derecho que emane directa e inmediatamente de un título de merced o título gratuito de dominio otorgado en conformidad a las leyes de fecha 4 de Diciembre de 1866, 4 de Agosto de 1874 y 20 de Enero de 1883; a la ley N° 4.169, de 8 de Septiembre de 1927; a la ley N° 4.802, de 11 de Febrero de 1930; al decreto N° 4.111, de 9 de Julio de 1931; a la ley N° 14.511, de 3 de Enero de 1961 y demás disposiciones legales que las modifican o complementan;

  2. - Que invoque un derecho declarado por sentencia dictada en jucio de división de una comunidad indígena con título conferido de acuerdo con las disposiciones legales mencionadas en el número precedente, salvo que dicho derecho se haya adquirido por un título oneroso anterior o posterior a la división, y

  3. - Que, habitando en cualquier lugar del territorio nacional, forme parte de un grupo que se exprese habitualmente en un idioma oborigen y se distinga de la generalidad de los habitantes de la República por conservar sistemas de vida, normas de convivencia, costumbres, formas de trabajo o religión, provenientes de los grupos étnicos autóctonos del país.

La calidad de indígena se acreditará con un certificado del Instituto de Desarrollo Indígena. Si éste deniega el certificado, el interesado podrá ocurrir ante el Juez de Letras respectivo, quien resolverá breve y sumariamente, previo informe del Instituto.

No obstante, todo el que tenga interés en ello podrá desconocer en juicio la calidad de indígena que invoque otra persona, aunque tenga certificado del Instituto, y resolverá el Tribunal oyendo al Instituto.

Artículo 2 Se tendrá por tierras indígenas, para todos los efectos legales:
  1. - Las concedidas en merced a nombre de la República, de conformidad a las leyes de 4 de Diciembre de 1866, de 4 de Agosto de 1874 y de 20 de Enero de 1883;

  2. - Las concedidas mediante título gratuito de dominio de conformidad a los artículos 4 y 14 de la ley N° 4.169; artículos 13, 29 y 30 de la ley N° 4.802; artículos 70 y 74, ambos inclusive..." del decreto N° 4.111, que fijó el texto definitivo de la ley N° 4.802; artículos 82, 83 y 84 de la ley N° 14.511 y demás disposiciones legales que las modifican o complementan.

Artículo 3

Para todos los efectos legales, la posesión notoria del estado de padre, madre, marido, mujer o hijo se considerará como título bastante para constituir en favor de los indígenas los mismos derechos que, conforme a las leyes comunes, emanan de la filiación legítima y del matrimonio civil.

Para acreditar la posesión notoria de dichos estados civiles bastará la información testimonial de parientes o vecinos y el informe del Instituto de Desarrollo Indígena, sin perjuicio de las medidas para mejor resolver que decrete el Tribunal.

El Juez de Letras resolverá sobre la posesión notoria del estado civil y, en caso de declararla acreditada con los medios probatorios indicados en el inciso anterior, ordenará extender las partidas que correspondan o rectificar las existentes, en su caso, para lo cual oficiará al respectivo Oficial del Registro Civil.

Se entenderá que la mitad de los bienes pertenecen al marido y la otra mitad a la mujer, o a todas ellas por iguales partes, cuando fueren varias, a menos que conste que ellos han sido aportados por uno solo de los cónyuges.

Artículo 4

Para los efectos de la presente ley, se tendrá por ausente al comunero que por más de un año no viva o no trabaje personalmente en tierras indígenas, salvo que la ausencia se deba a razones de fuerza mayor, de estudio o a alguna causa ajena a la voluntad del comunero.

Se presume de derecho que es ausente el comunero de tierras indígenas que se incorpore a cualquiera unidad de producción del área agrícola reformada, una vez transcurrido el plazo de un año.

El ausente, en caso alguno, podrá obtener que se le entere en tierras la cuota o parte que le corresponda en la comunidad.

Los derechos de los ausentes en las tierras indígenas se entenderán caducos desde que quede ejecutoriada la resolución del Instituto de Desarrollo Indígena que declare la ausencia y, sin perjuicio de la indemnización a que se refiere el artículo siguiente, tales derechos acrecerán, por iguales partes, en beneficio de los comuneros que vivan o trabajen personalmente en la comunidad, se encuentren o no constituidos en cooperativas.

El Reglamento determinará los requisitos de la resolución que declare la ausencia, la que se notificará por medio de dos avisos, uno de los cuales se publicará en un diario o periódico del departamento donde se encuentre ubicada la comunidad, o de la capital de la provincia si allí no lo hubiere, y el otro en el Diario Oficial.

Dentro del plazo de 30 días, contados desde la última publicación, el interesado podrá reclamar ante el Juez de Letras del referido departamento, quien resolverá conforme a las normas del procedimiento sumario, sin ulterior recurso.

Artículo 5

Los comuneros a quienes afecte la caducidad de sus derechos podrán exigir de la cooperativa o de la comunidad, en su caso, que se les pague el justo precio de su acción o cuota.

El derecho a que se refiere el inciso anterior deberá ejercerse ante el Juez de Letras del departamento donde esté ubicada la comunidad, se sustanciará sin forma de juicio y prescribirá en el plazo de un año, contado desde que quede firme la resolución que declara la ausencia.

El Juez solicitará al Instituto que tase la acción o cuota del ausente y si éste no praticare la tasación dentro del plazo de 30 días de requerida, se prescindirá de ella.

Para pagar al ausente, el Instituto deberá otorgar un préstamo al deudor que lo solicite, quien lo reembolsará en siete cuotas anuales e iguales, a contar del tercer año posterior a la fecha del mutuo, con el 3% de interés anual.

El pago se hará al ausente en cuotas CORVI, que le darán derecho preferente para obtener un préstamo para la adquisición, construcción, reparación o ampliación de su vivienda, a menos que el interesado manifieste expresamente su voluntad de ser pagado en dinero efectivo.

Artículo 6

Sólo en conformidad a las disposiciones de esta ley los indígenas podrán enajenar las tierras indígenas, gravarlas, darlas en arrendamiento, aparcería u otra forma de explotación por terceros.

Artículo 7

Los indígenas no podrán enajenar los terrenos comprendidos en el título de merced o en título gratuito de dominio común, pero podrán gravarlos en favor del Banco del Estado de Chile, de la Corporación de la Reforma Agraria, de la Corporación de Fomento de la Producción, del Instituto de Desarollo Agropecuario o de otras instituciones de crédito o de fomento en que el Estado tenga aporte mayoritario de capital. También podrán transferir, a cualquier título, los terrenos necesarios para fines educacionales, religiosos, deportivos o sociales.

Para el solo efecto de otorgar los instrumentos que tales actos exijan, se presume de derecho que son dueños de los terrenos los comuneros que vivan y laboren en la comunidad, lo que se acreditará mediante certificado del Instituto de Desarrollo Indígena que deberá insertarse en el acto o contrato.

Tampoco podrán enajenar sus acciones y derechos en la comunidad, excepto en favor de otro miembro indígena de la misma comunidad que viva y trabaje en ella y de cooperativas campesinas; pero podrán gravarlos en favor de las instituciones indicadas en el inciso primero.

Las enajenaciones y gravámenes a que se refieren los incisos anteriores deberán ser autorizados por el Instituto de Desarrollo Indígena y tal autorización deberá insertarse en el acto o contrato.

Artículo 8

Los indígenas podrán celebrar contratos de arrendamiento o de aparcería sobre las parcelas que estuvieren ocupando en el inmueble de la comunidad, siempre que el arrendatario o aparcerero sea indígena que viva y labore en la misma u otra comunidad o que sea dueño de una hijuela singular o se trate de una cooperativa o asentamiento campesino.

En estos casos no se requerirá el acuerdo de los demás comuneros, pero se exigirá la autorización del Instituto de Desarrollo Indígena, el que no podrá otorgarla por un plazo superior a cinco años, en la forma que determine el Reglamento.

Las disposiciones del DFL. RRA. N° 9, de 15 de Enero de 1968, y sus modificaciones posteriores, no se aplicarán a los contratos de arrendamiento, mediería o aparcería a que se refiere este artículo.

Artículo 9

Los actos y...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA