Decreto Ley N° 3.538, del 9 de Diciembre de 1980, crea la Superintendencia de Valores y Seguros. - MINISTERIO DE HACIENDA - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 248277686

Decreto Ley N° 3.538, del 9 de Diciembre de 1980, crea la Superintendencia de Valores y Seguros.

Emisor:MINISTERIO DE HACIENDA
Rango de Ley:Decreto Ley
 
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CREA LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

Núm. 3.538.- Santiago, 9 de diciembre de 1980.- Visto: lo dispuesto en los decretos leyes N°s. 1 y 128, de 1973; 527, de 1974, y 991, de 1976.

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente

DECRETO LEY

DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

TITULO I Objetivo y Funciones de la Superintendencia de Valores y Seguros Artículos 1 a 6
Artículo 1

Créase la Superintendencia de Valores y Seguros, que se regirá por la presente ley, institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

Su domicilio es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas regionales que pueda establecer el Superintendente en otras ciudades del país.

Su patrimonio está integrado por los bienes que se le transfieren en virtud de este decreto ley, los fondos que anualmente destine al efecto la Ley de Presupuestos, los ingresos que perciba por los servicios que preste y los demás bienes que adquiera a cualquier título.

Artículo 2

A la Superintendencia y a su personal no les son aplicables las normas generales o especiales dictadas o que se dicten para regular la administración del Estado, tanto centralizada como descentralizada, salvo lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975.

Cada vez que en las disposiciones de esta ley o en las del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, se haga referencia a la Superintendencia o al Superintendente, debe entenderse por tales, respectivamente, al organismo a que se refiere este decreto ley o al funcionario que lo dirige.

Artículo 3°

Corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros la superior fiscalización de:

  1. Las personas que emitan o intermedien valores de oferta pública;

  2. Las bolsas de valores mobiliarios y las operaciones bursátiles;

  3. Las asociaciones de agentes de valores y las operaciones sobre valores que éstos realicen;

  4. Los fondos mutuos y las sociedades que los administren;

  5. Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones que la ley sujeta a su vigilancia;

  6. Las empresas dedicadas al comercio de asegurar y reasegurar, cualquiera sea su naturaleza y los negocios de éstas, y

  7. Cualquiera otra entidad o persona natural o jurídica que la presente ley u otras leyes así le encomienden.

No quedan sujetas a la fiscalización de esta Superintendencia los bancos, las sociedades financieras, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y las entidades y personas naturales o jurídicas que la ley exceptúe expresamente.

Artículo 3° bis

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, la Superintendencia colaborará con el Servicio de Impuestos Internos en su rol fiscalizador del cumplimiento de la normativa tributaria. Al efecto, corresponderá que:

  1. Todas las empresas sujetas a fiscalización de la Superintendencia que implementen una reorganización de activos o funciones, incluyendo la fusión, división, transformación, liquidación, creación o aporte total de activos y pasivos de una o más empresas, deberán ponerla en su conocimiento.

  2. En las actas de Directorio de dichas empresas, en los casos que cuenten con dicha instancia, se dejará constancia detallada de si, en el periodo correspondiente, se han acordado algunas de las operaciones a que se refiere la letra anterior o si la empresa ha sido objeto de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. También se deberá constancia en el acta de la resolución o informe respectivo, para el caso que hubiese sido emitido por escrito por dicho Servicio.

  3. En las notas a los estados financieros de las empresas a que se refiere el presente artículo, se dejará constancia detallada de las controversias de índole tributaria que pudiesen afectar razonable y materialmente algunos de los rubros informados.

Artículo 4°

Corresponde a la Superintendencia velar porque las personas o instituciones fiscalizadas, desde su iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan, y, sin perjuicio de las facultades que éstos le otorguen, está investida de las siguientes atribuciones generales:

  1. Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas y fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para su aplicación y cumplimiento.

    Si en el ejercicio de estas facultades de interpretación y aplicación se originaren contiendas de competencia con otras autoridades administrativas, ellas serán resueltas por la Corte Suprema;

  2. Absolver las consultas y peticiones e investigar las denuncias o reclamos formulados por accionistas, inversionistas u otros legítimos interesados, en materia de su competencia, determinando los requisitos o condiciones previas que deban cumplir para entrar a conocer de ellas;

  3. Evacuar los informes que le requieran los fiscales del Ministerio Público que estén dirigiendo investigaciones criminales, siempre que correspondan a materias de la competencia de la Superintendencia y se refieran a información que esté disponible en sus archivos;

  4. Examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de los sujetos o actividades fiscalizados y requerir de ellos o de sus administradores, asesores o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información.

    Podrá pedir la ejecución y presentación de balances y estados financieros en las fechas que estime convenientes para comprobar la exactitud e inversión de los capitales y fondos.

    Igualmente, podrá solicitar la entrega de cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización, sin alterar el desenvolvimiento normal de las actividades del afectado.

    Salvo las excepciones autorizadas por la Superintendencia, todos los libros, archivos y documentos de las entidades o personas fiscalizadas deben estar permanentemente disponibles para su examen en la sede principal de sus negocios.

    A su vez, con el objeto de evaluar los riesgos a la situación financiera de las entidades sujetas a su fiscalización, la Superintendencia podrá requerirles a éstas antecedentes sobre la situación financiera de todas aquellas personas o entidades que pertenezcan a su mismo grupo empresarial, que pudieren comprometer, en forma significativa, la situación financiera de la entidad fiscalizada, así como información conducente a determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Para efectos de lo dispuesto en este inciso, se define grupo empresarial de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 96 y siguientes de la ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores. La información y antecedentes recabados por la Superintendencia en conformidad con este inciso quedaran sujetos al régimen y a las obligaciones de reserva contemplados en esta ley.

  5. Fijar las normas para la confección y presentación de las memorias, balances, estados de situación y demás estados financieros de los sujetos fiscalizados y determinar los principios conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad. En ausencia de un principio contable nacional para un caso específico, la entidad fiscalizada deberá consultar previamente a la Superintendencia y se estará a las normas generales que ésta determine.

    Para estos efectos podrá, asimismo, impartirles instrucciones y adoptar las medidas tendientes a corregir las deficiencias que observare y, en general, las que estimare necesarias en resguardo de los accionistas, inversionistas y asegurados, como, también, del interés público.

    Podrá ordenar que se rectifique o corrija el valor en que se encuentran asentadas determinadas partidas de la contabilidad, cuando establezca que dicho valor no se encuentra registrado de acuerdo a normas dictadas por la Superintendencia, o a normas y principios contables de general aceptación.

    Especialmente, podrá ordenar que se rectifique o corrija el valor en que se encuentran asentadas determinadas partidas de la contabilidad, cuando establezca que dicho valor no corresponda al real, pudiendo además, ordenar la reversión de los estados financieros hasta por los últimos 4 años, en la forma que ella determine. De las resoluciones que se dicten en virtud de este inciso, podrá reclamarse ante la Corte de Apelaciones de Santiago dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de su notificación. La Corte dará traslado por 6 días hábiles a la Superintendencia y, evacuado este trámite, dictará sentencia sin ulterior recurso. Las causas a que dé origen este recurso de reclamación serán agregadas extraordinariamente en la tabla del día siguiente en que quede en estado. La notificación del recurso de reclamación suspenderá los efectos de lo ordenado por la Superintendencia.

  6. Inspeccionar, por medio de sus empleados o de auditores externos, a las personas o entidades fiscalizadas.

  7. Requerir de las personas o entidades fiscalizadas que proporcionen, por las vías que la Superintendencia señale, veraz, suficiente y oportuna información al público sobre su situación jurídica, económica y financiera.

    La Superintendencia podrá efectuar directamente las publicaciones que fueren necesarias para los fines precisados en el...

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