Decreto núm. 8, publicado el 22 de Febrero de 2020. ESTABLECE LAS REGLAS DE USO DE LA FUERZA PARA LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL QUE INDICA
| Publicado en | Diario Oficial |
| Emisor | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| Rango de Ley | Decreto |
ESTABLECE LAS REGLAS DE USO DE LA FUERZA PARA LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL QUE INDICA
Núm. 8.- Santiago, 21 de enero de 2020.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 1, 5, 19, 24, 32 N° 17, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 101 de la Constitución Política de la República de Chile, cuyo texto ha sido refundido, coordinado y sistematizado por el decreto supremo N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1989; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario Oficial el 26 de noviembre de 1988; en la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 1990; en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial el 9 de diciembre de 1989; en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1998; en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial el 16 de abril de 2011; en la ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; en el decreto con fuerza de ley 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas; en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el Código Penal; en el Código Procesal Penal; en el Código de Justicia Militar; en la ley N° 17.798, que Establece el Control de Armas; en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República;
Considerando:
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Que, la Constitución Política de la República establece en su artículo primero, inciso cuarto, que "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece.". Agregando, en su inciso quinto, que "Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional".
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Que, conforme al artículo 24 de la Constitución Política de la República, la autoridad del Presidente de la República se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior del país, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
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Que, de acuerdo al artículo 32, numeral 5, de la Constitución Política de la República, son atribuciones...
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