Ley núm. 17322, publicada el 19 de Agosto de 1970. NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 470696262

Ley núm. 17322, publicada el 19 de Agosto de 1970. NORMAS PARA LA COBRANZA JUDICIAL DE COTIZACIONES, APORTES Y MULTAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Publicado en:Boletín de Leyes y Decretos de Gobierno
Emisor:MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Rango de Ley:Ley
 
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ESTABLECE NORMAS PARA COBRANZA JUDICIAL DE IMPOSICIONES, APORTES Y MULTAS EN LOS INSTITUTOS DE PREVISION

Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente:

Proyecto de ley

Artículo 1°

Para los efectos de esta ley, la palabra "empleador" se entenderá comprender a "patrón", incluidas las instituciones semifiscales y las empresas autónomas del Estado, y la palabra "trabajador", a "empleado" y "obrero".

Asimismo, la palabra "remuneración" se entenderá referida al sueldo, salario y cualquier otro emolumento imponible recibido por el trabajador.

Artículo 2°

El Director General, el Vicepresidente Ejecutivo o el Jefe Superior de la respectiva institución de previsión, incluidas las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, u organismo auxiliar deberá mediante resolución fundada y según corresponda:

  1. - Determinar el monto de las imposiciones adeudadas por los empleadores y que no hubieren sido enteradas oportunamente, incluyendo las que descontaron o debieron descontar de las remuneraciones de los trabajadores;

  2. - Determinar el monto de los aportes legales que esas personas o cualesquiera otras deban efectuar, y que hayan de descontarse de las remuneraciones de sus trabajadores, y

  3. - Aplicar las multas en que incurran esos empleadores por infracciones de las leyes sobre previsión social.

El Director General, el Vicepresidente Ejecutivo o el Jefe superior, en su caso, podrán delegar estas atribuciones en el funcionario de su dependencia de más alta categoría en la respectiva zona o provincia, siempre que pertenezca a la Planta Directiva, Profesional y Técnica.

Artículo 3°

Para los efectos dispuestos en el artículo anterior, las imposiciones que no fueren enteradas oportunamente se calcularán por las instituciones de previsión y se pagarán por los empleadores conforme a la tasa que rija a la fecha de la resolución.

Todos los descuentos a que se refiere ese mismo artículo se presumen efectuados por el solo hecho de haberse pagado, total o parcialmente, las respectivas imposiciones a los trabajadores.

Las resoluciones que sobre las materias a que se refiere el artículo 2° dicte el Director del Servicio de Seguro Social, no requerirán la nominación de los dependientes respectivos. Sin embargo, dichas resoluciones deberán indicar, a lo menos, la o las faenas, obras industrias, negocios o explotaciones a que ellas se refieren; los períodos que comprenden las imposiciones adeudadas, y los montos de las remuneraciones por las cuales se estuvieren adeudando imposiciones.

Artículo 4°

Las resoluciones de que trata el artículo 2° tendrán mérito ejecutivo.

Los juicios a que ellas den origen se sustanciarán ante los Tribunales del Trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, y a las normas especiales de esta ley.

Artículo 5°

La oposición que se formule en estos juicios sólo será admisible cuando se funde en alguna de las excepciones siguientes:

  1. - Inexistencia de la prestación de servicios;

  2. - No ser imponibles, total o parcialmente, los estipendios pagados, o existir error de hecho en el cálculo de las imposiciones adeudadas;

  3. - Errada calificación de las funciones desempeñadas por el trabajador;

  4. - Compensación en conformidad al artículo 32 de la ley N° 7.295 o al artículo 6° del D.F.L. N° 245, de 1953, y

  5. - Las de los números 1°, 3°, 9°, 11, 17 y 18 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Las excepciones de los números 9° y 11 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil sólo podrán ser declaradas admisibles cuando se funden en un principio de prueba por escrito.

En estos juicios no procederán las reservas de acciones a que se refieren los artículos 473 y 478, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil y la prueba de las excepciones corresponderá al que las alega.

Artículo 6°

La forma de las notificaciones y del requerimiento de pago, en su caso, se regirá por lo dispuesto en los artículos 519 y 520 del Código del Trabajo. Dichas actuaciones y las demás en que deba intervenir un ministro de fe, podrán cumplirse por un empleado del mismo Tribunal, por el respectivo Juez de Subdelegación o de Distrito o por un receptor judicial.

La notificación de la demanda, del requerimiento de pago y de la sentencia de primera instancia podrá hacerse por carabineros.

La institución ejecutante pagará a los funcionarios a que se refiere el inciso primero, por cada actuación, los derechos que fije el arancel establecido en el Reglamento, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre la carga de las costas.

Artículo 7°

Las sentencias que se dicten en estos juicios contendrán, además de las menciones comunes a las sentencias emitidas en los juicios ejecutivos, la orden de liquidar por el Secretario del Tribunal las imposiciones y los intereses devengados desde que el deudor incurrió en mora y hasta la fecha del fallo; y la orden de que, en su oportunidad, se liquiden los intereses que se devenguen con posterioridad hasta el total y cumplido pago de la obligación y se calcule el reajuste de la deuda, cuando así procediere de conformidad a las normas establecidas en el artículo 22.

Artículo 8°

En los juicios a que se refiere esta ley, el recurso de apelación sólo procederá contra la sentencia definitiva de primera instancia, y previa consignación de la suma total que dicha sentencia ordene pagar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

El Tribunal hará entrega de los valores consignados a la institución ejecutante, la cual quedará obligada a las restituciones que correspondieren con arreglo a la sentencia de término. Esta restitución deberá ser enterada dentro del plazo fatal de 15 días, contado desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Si no se cumpliere esta obligación en el plazo señalado, la institución deberá abonar un interés del 3% mensual, a partir de la fecha en que el fallo quedó ejecutoriado.

Artículo 9°

Será competente para conocer de los juicios civiles y del trabajo en que actúen las Cajas de Previsión, el respectivo Juez Civil o del Trabajo en que esté ubicada la oficina, agencia o sucursal de la institución de previsión que hubiere intervenido en el asunto que dio origen al litigio.

No obstante, en los juicios civiles o del trabajo en que una institución de previsión actúe como demandante, ésta podrá ocurrir, a su elección, a los tribunales indicados en el inciso anterior o a los del domicilio del demandado.

Artículo 10

Las instituciones de previsión social estarán exentas de los impuestos establecidos en la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y de las consignaciones que exigieren las leyes, en todos los juicios en que tengan interés.

Artículo 11

En caso de quiebra del empleador, no tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 12, 13 y 19. Las instituciones de previsión verificarán sus créditos de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 102 y siguientes de la ley N° 4.558, efecto para el cual servirá de suficiente título el mencionado en el artículo 4°. Los créditos podrán ser impugnados sólo fundándose en algunas de las excepciones señaladas en el artículo 5° de este ley.

No obstante, tratándose de bienes no comprendidos en el desasimiento, las instituciones de previsión que puedan embargarlos para proveer al pago de sus créditos, podrán recurrir, en todo caso, al procedimiento general establecido en esta ley.

Artículo 12

Si el empleador no consignare las sumas descontadas de las remuneraciones de sus empleados, o que debió descontar, dentro de los quince días contados desde la fecha del requerimiento de pago, si no opuso excepciones, o desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia que niegue lugar a ellas, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo cuando el monto de las cantidades ordenadas pagar excediere de seis sueldos vitales mensuales, escala A) del departamento de Santiago; y con presidio menor en su grado medio, si fuere igual o inferior a dicha suma.

Con el solo mérito del certificado del Secretario del Tribunal que conozca de la ejecución que acredite el vencimiento del plazo...

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